Comenzó contra los pobres y la gente en situación de calle, para la Diputada de la Ciudad Liliana Parada: "El Estado represivo de Macri ya arrancó con la segunda temporada de Gran Hermano en la ciudad de Buenos Aires”. Así se pronunció en declaraciones por el reciente decreto 625/09 por el cual se establece a las empresas la obligación de mantener un registro de sus empleados que padecen adicciones.

“Mauricio Macri se cree un señor feudal y piensa que todos los ciudadanos de Buenos Aires deben rendirse a sus pies. Cómo se equivocaban quienes creían que el Estado represor del macrismo sólo apuntaba a los pobres. Por fin se quitó la máscara por completo: así como hasta ahora fue barriendo -con la violencia de la UCEP- a los indigentes de los espacios públicos, ahora pretende a través del decreto 625/09, meterse en la vida íntima de los empleados y empleadas de empresas en la ciudad  llevando adelante un registro sobre sus empleados con posibles adicciones."

"Parece un idea inspirada en un manual de la GESTAPO o, sin ir más lejos, de la última dictadura argentina”, denunció la legisladora y diputada nacional electa por Proyecto Sur, Liliana Parada. “No sería ilógico si tenemos en cuenta la designación del cuestionado Jorge “el Fino” Palacios al frente de la “nueva” policía metropolitana”.

Ponemos en conocimiento a la sociedad del avance sobre las libertades y garantías democráticas en la Ciudad. Nuestros derechos están siendo vulnerados de manera flagrante. Este nivel de vigilancia se viene extendiendo en todas las areas gubernamentales: El control sobre los trabajadores del estado, la persecusión sindical, los programas sociales distribuidos de forma clientelar, la UCEP y ahora este decreto son la conformación de la segunda etapa de este gobierno.

La sociedad debe tomar conciencia el estado de cosas actual, la movilización y la información son claves para detener un avance autoritario que tras las elecciones, Macri ha decidido relanzar.

 

“Esto no es más que la continuación de la zaga de un Gran Hermano en la que nos pone el gobernante-empresario Macri, que pretende manejar a los ciudadanos como sus empleados pero sin derechos laborales y sin premio alguno por participar.

Como ciudadana y legisladora de la ciudad, rechazo en absoluto esta normativa antidemocrática  y desde nuestro bloque vamos a exigir al Ejecutivo local su derogación inmediata,  de no ser escuchados acudiremos a la justicia para conseguirlo”, concluyó la diputada.